La UE ya tiene herramientas para contener a las tecnológicas, la pregunta es si querrá usarlas tras las elecciones

Desde la banca a la moda, pasando por el vehículo eléctrico o tus derechos laborales. Las elecciones europeas siempre son determinantes para los sectores económicos de los Veintisiete. Pero el reparto de mayorías que emane de las urnas el 9 de junio también será crucial para las grandes tecnológicas nacidas más allá de las fronteras del Viejo Continente.

En la legislatura comunitaria que ahora llega a su fin la Comisión Europea ha protagonizado un frenesí legislador en el ámbito digital. Nuevos reglamentos como el de Servicios Digitales o el de Mercados Digitales (DSA y DMA, por sus siglas en inglés) están llamados a transformar para siempre el comportamiento de un sector clave para el presente y el futuro de las sociedades.

Aunque es pronto todavía para determinar si estas regulaciones están cumpliendo su objetivo —el DSA, por ejemplo, pretende reducir el poder e influencia de las multinacionales tecnológicas en el voto de los ciudadanos—, en los próximos años también comenzarán a aplicarse normas tan críticas como el Reglamento de la IA, que se terminó de aprobar hace escasas semanas.

De esta manera la Unión Europea quiere generar su particular efecto Bruselas en una industria dominadas por compañías extranjeras como Google, Meta, Amazon o Microsoft. Mientras en EEUU sus autoridades se sumergen en un crudo debate sobre la influencia que tienen plataformas foráneas —como la china TikTok— en sus jóvenes, en Europa se han empezado a tomar medidas.

Lo que no está claro es si esto seguirá siendo así. Las medidas que se han ido adoptando en los últimos años no pueden entenderse sin el trabajo conjunto de los grandes grupos políticos que han sostenido y promovido los últimos ejecutivos comunitarios. Bruselas se ha venido configurando durante lustros gracias a los pactos del PP europeo, los socialdemócratas o los liberales.

Ahora, en estas elecciones del 9 de junio, Bruselas podría virar a la derecha. En un debate electoral, justo antes de que comenzara la campaña, la candidata a revalidar su mandato como presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendió la mano a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo partido ultraderechista Hermanos de Italia concurre también a las urnas.

El partido de Meloni se ha integrado estos años en un grupo parlamentario conocido por sus siglas ECR, que responden —en inglés— al nombre de Conservadores y Reformistas Europeos. En él se integran formaciones como el español Vox. No es el único grupo europeo de derecha radical: también ha tenido representación en Estrasburgo el grupo ID, donde se inscribe el Frente Nacional de Le Pen.

Hay una posibilidad —algo remota— que es que ECR e ID se entiendan en la próxima legislatura comunitaria. Hay otra cuestión, esta más esperable: que el PP europeo decida apoyarse en la derecha radical en lugar de los socialdemócratas como venía haciendo ahora. El reparto de escaños tras las elecciones dictaminarán que rumbo toma Bruselas.

Nuevos reglamentos para proteger a los consumidores o actualizar el RGPD: todo está en el aire

¿Y eso cómo afectará a la política digital y a la política de competencia que Bruselas ha seguido hasta ahora? La Unión Europea se ha venido erigiendo en un faro regulatorio para un sector cuyo poder alcanzó cotas insospechadas ya antes de la pandemia. 

Para algunos eurodiputados, como la francesa Stéphanie Yon-Courtin, del grupo liberal, una Eurocámara más escorada la derecha podría hacer que "cambiara la situación" y algunos proyectos como una iniciativa para combatir los patrones oscuros y las adicciones a plataformas digitales pasen a un segundo plano.

Esa idea —la de desarrollar regulación para proteger a los consumidores de plataformas en línea, para lo que el DSA ya hace una primera aproximación— podría llegar en la próxima legislatura. No está claro, en realidad, qué nuevas normas podrían nacer de la próxima Comisión Europea. Algunos analistas asumen que la Unión Europea ya cuenta con las herramientas necesarias.

Sin embargo, sí podrían verse matizaciones a regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que ha sido constantemente desafiado por multinacionales como Meta o ha mostrado dificultades para abordar el desafío de la ventanilla única —las autoridades de protección de datos competentes son aquellas del país o lugar en el que está la gran tecnológica asentada, y la mayoría de las tecnológicas extranjeras se asientan en Irlanda, generando un cuello de botella procesal—.

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La posibilidad de actualizar el RGPD o incluso matizar el DSA o el DMA, o incluso hacerlos cumplir está en juego. La relación que la Unión Europea mantiene con Pekín —Bruselas se ha mostrado más distante con el gigante chino que algunas capitales de los Veintisiete— es otra de las claves que atravesarán a la UE y a la industria tecnológica en los próximos años.

Eso es algo que saben las propias multinacionales tecnológicas. Por eso también ellas participan en el juego electoral. Las tecnológicas han sido, en lo que va de 2024, algunas de las donantes más generosas a partidos políticos o a fundaciones de partidos políticos. Y han apostado por los liberales, con sustanciosas regalías al PP europeo o a los liberales de ALDE.

Por ejemplo, ALDE, el gran partido liberal europeo que se integraba en el Parlamento Europeo dentro de Renovar Europa, ha recibido 36.000 euros este año de Microsoft o Qualcomm Francia. En el ámbito de las fundaciones, el Centro Wilfried Martens de Estudios Europeos, un think tank ligado al PP europeo, ha recibido ayudas de Google, Vodafone, Intel o Apple.

También el Foro Europeo Liberal ha recibido donaciones similares de 3M, Microsoft, Vodafone, Apple o Google, como se pueden ver en los documentos oficiales de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas.

Los partidos más radicales dentro de la ultraderecha tienen posturas contra las tecnológicas

Aunque los partidos de extrema derecha no han contado con la gracia de las tecnológicas —tampoco los grupos ni de la izquierda ni de la extrema izquierda—, el mapa político es lo suficientemente complejo como para dejar la incógnita sin despejar sobre qué rumbo adoptará la Unión Europea en los próximos cinco años con respecto a las grandes tecnológicas.

Igual que una Bruselas más escorada a la derecha podría desembocar en un alivio del escrutinio regulatorio que ha caracterizado a la Unión durante los últimos años sobre el sector digital, bien podría suceder lo contrario. Todo depende de qué fuerzas sostengan al próximo presidente o presidenta del Ejecutivo comunitario.

Dado que Ursula von der Leyen ha abierto la puerta a Meloni —y por extensión a ECR— a "trabajar juntas", seguramente esta noticia no sea más que una anécdota, pero también es ilustrativa de la posición que tienen algunos integrantes de ID —el grupo en el que se integra el Frente Nacional francés de Marine Le Pen—.

Hace unos días un juzgado belga condenó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, a pagar 27.000 euros por daños morales a un eurodiputado de la derecha radical de ese país, Tom Vandendriessche, del partido Vlaams Belang, del grupo ID. La razón: Meta había impuesto un shadowban contra el eurodiputado y su página en Facebook en febrero de 2021.

El juzgado, en realidad, se detenía en la falta de garantías procesales que una decisión de ese calibre había tenido sobre un eurodiputado, aunque la multinacional reaccionó defendiendo que la sentencia confirmaba "el derecho a eliminar de sus plataformas el contenido que incumpliese sus términos y condiciones y limitar el alcance orgánico de ciertos mensajes".

Pero el eurodiputado Vandendriessche fue tajante al conocer su sentencia: "Una primera victoria contra las grandes tecnológicas. Continuaremos usando todos los medios legales y políticos para restaurar la libertad de expresión en las redes sociales".

Quien más sabe qué puede estar en juego en el ámbito de la competencia y la regulación a las tecnológicas no es otro que quien fue comisario de Competencia en la Comisión Europea hasta 2014. El español Joaquín Almunia fue el primero en poner en aprietos a Google y su omnímoda posición de mercado, iniciando procedimientos que desembocarían en multas millonarias.

En una reciente entrevista con Business Insider España, Almunia enfatizaba lo que le preocupaba en el ámbito electoral: que la extrema derecha acabara "contaminando" al PP europeo e incluso al grupo de los liberales. También advirtió de la elevada concentración que hay en el mercado de la IA, y también sobre algo que interpela directamente este domingo a los votantes:

La posición de Europa con EEUU y China, que será crucial para seguir en esta carrera tecnológica. "En la Unión Europea hay mucho que hacer y no tenemos los instrumentos adecuados". "Hay tareas gigantescas y hay quien duda de la voluntad política de estar a la altura por parte de los líderes europeos".

Esos líderes europeos los ponen los ciudadanos en las elecciones nacionales, y también serán esos ciudadanos quienes den una pista de por dónde irá el futuro en las europeas del domingo.