Sí, los sistemas de control parental fallan, pero eso no es culpa de la ministra Sira Rego

Se espera que este martes, durante la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno apruebe el esperado anteproyecto de ley para proteger a los menores en entornos digitales. Se trata de una nueva norma cuyo trámite parlamentario está lejos de empezar: el anteproyecto todavía tiene que convertirse en proyecto de ley para ello.

Es, sin embargo, una iniciativa sobre la que organismos autónomos de la Administración ya sembraron el año pasado. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) secundó una iniciativa privada que pedía un pacto de Estado para proteger a menores en internet. Después se sumó a la petición la Fiscalía General del Estado.

De la mano de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) o de la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre (FNMT), la propia AEPD presentó a finales del año pasado un decálogo que debería cumplir un eventual sistema para verificar edades en la red que ayudara a evitar que los niños y adolescentes siguieran accediendo a "contenidos inadecuados" en internet.

Ya en 2024, el propio presidente del Gobierno se hizo cargo de esas reivindicaciones y anunció que mandataba al Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego a confeccionar un proyecto de ley para proteger a la infancia en entornos digitales. En el anteproyecto, que se conocerá este martes, han trabajado Juventud pero también Justicia y Transformación Digital.

Echó a andar un comité de expertas —entre las que se incluyen la propia AEPD o la CNMC— y se empezó a hablar cada vez más y más sobre ese sistema para verificar edades en entornos digitales.

No está muy claro cómo será ese sistema, más allá de la preocupación que suscita la idea entre activistas y expertas en defensa de la privacidad digital, o más allá de que la AEPD ya participara a finales de 2023 en un piloto tecnológico que demostraba la viabilidad técnica de una propuesta de ese calado.

Con todo, estos sistemas tecnológicos para verificar edades pasan a un segundo plano con lo que se sabe hasta ahora del anteproyecto que se espera aprobar este martes.

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La noticia es que la ley exigirá a los fabricantes tecnológicos introducir de fábrica sistemas de control parental gratuitos.

Esto abre otros debates, claro: esos sistemas de control parental ya existen en muchos dispositivos y no terminan de ser eficaces. Este tipo de sistemas de control parental son herramientas que limitan el uso de dispositivos por lapsos temporales, para que un menor no se pase, por ejemplo, más de una hora al día viendo vídeos de TikTok.

Esos servicios, además, ofrecen a las familias la posibilidad de vetar el acceso a ciertas aplicaciones, plataformas y contenidos. Aunque el usuario del dispositivo sea un menor, el control último de qué se puede hacer con el dispositivo cuando este está en manos de un niño o de una niña lo tienen sus tutores.

Hay quien considera que estos sistemas de control parental no son eficientes —de ahí que el Gobierno también esté trabajando de forma paralela en una herramienta para verificar la edad en internet—. 

El Ministerio de Juventud e Infancia, por otro lado, sabe que ni puede —ni quiere— legislar en el ámbito doméstico y privado de las familias, de ahí que en la ley no se explicite y en una posterior estrategia nacional solo vaya a emitir recomendaciones sobre cuántas horas de uso diario se le puede permitir a un menor con sus dispositivos tecnológicos.

Se puede pensar que esos sistemas de control parental no son eficientes porque hoy día los niños cuentan con una capacidad para adaptarse a los entornos digitales que otras generaciones anteriores. El fantástico mito del niño o niña hacker capaz de sortear el control parental protegido con una contraseña de sus padres o madres.

Pero la realidad es más prosaica.

Si los controles parentales no son más eficientes es porque los progenitores, en muchos casos —en la mayoría de casos, de hecho— no se preocupan ni siquiera de activarlos primero.

Y ahí el Gobierno poco puede hacer.

A finales del año pasado un grupo de madres de Almendralejo (Extremadura) tuvo que acudir a la policía al descubrir que en un grupo de WhatsApp de varios menores se habían creado y compartido fotos falsas mediante IA generativa en las que aparecían sus compañeras de clase —también menores— desnudas.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos reaccionó. "Nunca pensamos que íbamos a tener que pedir que se enseñara Derecho Penal a niños de 10 años", lamentó entonces Mar España.

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Es cierto que las interfaces de muchos sistemas de control parental en múltiples dispositivos son muy mejorables. También que muchos dispositivos no cuentan con esa funcionalidad —a eso atiende el Gobierno con este anteproyecto legal—. Pero no es menos cierto que en muchos casos muchas familias ignoran que esta característica existe… porque no se ha preocupado de descubrirlo.

Y de eso no hay culpables, al menos, ni en el Consejo de Ministros ni en el Ministerio de Juventud e Infancia. Sí en los grandes gigantes tecnológicos que pueden desatender deliberadamente este tipo de herramientas porque la atención de un crío es tan lucrativa como la de un adulto —y de esto plataformas como Instagram saben bastante— o, sin ir más lejos, en las mismas familias.

Otro tema es, y ese sí que habrá que abordarlo, cómo la industria de las aplicaciones de control parental puede acabar generando monstruos muy poco garantistas con la privacidad de menores y adultos e incluso formar parte de una industria global de programas espía.

En fin, que no se diga: aquí puedes aprender a configurar el control parental en Instagram, TikTok, iPhone, iPad, Nintendo Switch, Xbox Series, Windows, Firefox, Chrome o Amazon Prime Video.