Óscar Pierre, cofundador de Glovo, al banquillo: se enfrenta a una condena de hasta seis años de cárcel por emplear presuntamente falsos autónomos

Hace más de un año que se sabe que es una posibilidad real. A finales de enero 2023, al ser preguntada por Glovo y por su modelo de contratación, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, respondió con contundencia: "Actuaremos con todo el peso de la ley".

Hacía apenas unas semanas que había entrado en vigor la Ley Orgánica 14/2022 del 22 de diciembre, que introducía una modificación en el artículo 311 del Código Penal. Este cambio castiga con penas de entre seis meses y seis años a los empresarios que, a ojos de la justicia, cometan un delito contra los trabajadores al emplearlos como falsos autónomos.

La entrada en vigor de esta ley suponía, de facto, la apertura de la vía penal para los empresarios que están al cargo de empresas Glovo, una compañía de reparto a domicilio cuyo modelo de contratación, basado en riders que sobre el papel no tienen vinculación laboral con la empresa y, por tanto, carecen de muchos de los derechos que lleva aparejado todo contrato por cuenta ajena, como las vacaciones o los derechos a baja laboral, lleva ya unos cuantos años en entredicho.

En 2020, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a unos riders que llevaban años protestando por sus derechos: a ojos de la justicia, eran falsos autónomos. Con este sustento, en verano del año siguiente entró en vigor la conocida como ley rider, que en principio obligaba a las empresas de reparto a contratar a sus repartidores.

Pero no está claro que la ley esté teniendo los efectos deseados. Desde su entrada en vigor, plataformas como Riders x Derechos han denunciado repetidamente que empresas como Glovo se están valiendo de estrategias como dar de alta a subcontratas para mantener su esquema de contratación. Por su parte, desde Glovo defienden que actúan acorde a la ley.

Con ley rider o sin ella, lo cierto es que Glovo acumula más de 250 millones de euros en multas por emplear falsos autónomos, algo que ha llegado a inquietar incluso a la empresa propietaria de Glovo, la alemana Delivery Hero, que reconoce que es posible que tenga que seguir poniendo dinero para seguir pagando multas.

Esto, en un contexto en el que la propia Delivery Hero está teniendo sus propios problemas con la justicia, en este caso con la Comisión Europea, que la investiga por posibles prácticas monopolísticaas que podrían acarrear multas de más de 400 millones de euros.

Ahora, la justicia da un paso que va más allá de lo económico. El próximo 16 de septiembre, Óscar Pierre, cofundador de Glovo y una de las caras más visibles de la misma, se sentará en el banquillo de los acusados, según ha revelado este martes El Periódico.

Lo hará ante el juez instructor de la causa, acusado por la Fiscalía de Barcelona de un delito contra los trabajadores por emplear falsos autónomos, exactamente el tipo penal que encaja en la modificación del artículo 311 del Código Penal. Consultados por Business Insider España, desde Glovo por ahora han preferido no comentar nada.

La Fiscalía, explica El Periódico, fundamenta sus acusaciones en las decenas de sentencias contrarias al modelo laboral de Glovo y las actuaciones que la Inspección de Trabajo ha hecho con Glovo. 

Estas vienen de lejos. El pasado mes de abril, El País contó que Inspección de Trabajo había remitido a la Fiscalía General del Estado un informe en el que denunciaba que Glovo seguía operando con falsos autónomos, para lo que había recogido cientos de casos.

"Según las actuaciones inspectoras, esta empresa podría vulnerar el Código Penal por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores", explicaron a este medio entonces fuentes del ministerio. Ahora, Glovo recibe esta denuncia de la Fiscalía de Barcelona, donde la empresa tiene su sede.

Pero la apertura de la vía penal no descarta que se sigan dando actuaciones desde el punto de vista económico. El Periódico advierte también, citando fuentes conocedoras del caso, de que Glovo podría enfrentarse a más multas a medida que las últimas investigaciones de Inspección de Trabajo se vayan cerrando en algunas de las principales ciudades de España. Hay caso Glovo para rato.

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