La justicia española lleva la contraria a la europea para hacer fijos a miles de interinos de la Administración Pública

En los últimos meses, la situación de los trabajadores interinos en la Administración Pública española ha generado un intenso debate. La expectativa de miles de interinos que esperaban una conversión automática a puestos fijos sin necesidad de pasar por exámenes u oposiciones ha recibido un jarro de agua fría con la reciente sentencia del Tribunal Supremo. La justicia española llevando la contraria a la europea.

Este fallo contraviene concretamente las interpretaciones de algunas sentencias y juristas que seguían las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

El fallo del Tribunal Supremo: ¿qué dice y por qué?

El Tribunal Supremo ha dejado claro que la conversión automática de trabajadores temporales en fijos es incompatible con el sistema español de autoorganización de la Administración Pública, que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública. 

En su sentencia del 29 de abril, el Supremo subraya que este sistema se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente, y rechaza la idea de que los interinos puedan participar en los concursos de traslados destinados a funcionarios.

La contradicción con el TJUE

La sentencia del Supremo contrasta con el fallo del TJUE del 22 de febrero, que criticó a España por no abordar adecuadamente la excesiva temporalidad en el sector público, que ronda el 30%. El TJUE sugirió que una posible solución podría ser la conversión de contratos temporales en fijos, en ausencia de medidas eficaces para prevenir y sancionar esta situación. Sin embargo, el Supremo interpreta que esta recomendación no implica una necesidad de conversión automática.

Las dudas y la cuestión prejudicial

Lo paradójico de esta situación es que el Tribunal Supremo, apenas tres meses antes de esta sentencia, admitió tener importantes dudas sobre el alcance del fallo del TJUE y anunció su intención de plantear una cuestión prejudicial para aclarar cómo aplicarlo. 

Este movimiento buscaba compatibilizar la doctrina del TJUE con las normas españolas de acceso al empleo público, que deben garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La posición del Supremo

El Supremo ha declarado que, aunque se planteará la cuestión prejudicial a Europa "de forma inminente", insiste en que el fallo del TJUE no establece la declaración automática de fijeza como la única solución para los trabajadores indefinidos no fijos. 

Según el Supremo, la directiva europea permite un trato diferenciado entre temporales y fijos por razones objetivas, y prevé otras soluciones alternativas para abordar la temporalidad excesiva.

¿Qué consecuencias tendrá en los interinos y en la Administración Pública?

Para los interinos, esta decisión representa un revés considerable. Muchos esperaban que, tras años de encadenar contratos temporales, pudieran acceder a puestos fijos sin necesidad de oposiciones. La sentencia del Supremo reafirma que este camino no es viable, lo que implica que los interinos deberán seguir compitiendo en igualdad de condiciones con otros aspirantes para acceder a puestos fijos.

Desde la perspectiva de la Administración Pública, esta sentencia subraya la necesidad de mantener los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Esto puede llevar a una revisión de las políticas de contratación y a la implementación de medidas adicionales para prevenir el abuso de la temporalidad, garantizando que los procesos de selección sean justos y transparentes.

¿Hay alternativas y soluciones posibles?

Una opción sería organizar concursos específicos para interinos con muchos años de servicio, en los que se valoren de manera significativa la experiencia y el desempeño, además de los conocimientos teóricos. Esto permitiría reconocer la dedicación de estos trabajadores sin comprometer los principios fundamentales de igualdad y mérito.

Otra alternativa podría ser la implementación de medidas de estabilización que permitan a los interinos consolidar sus puestos a través de procesos extraordinarios, siempre dentro del marco legal y garantizando la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.