Cuándo debe pagarte la empresa la indemnización por despido improcedente y qué hacer si se niega

Cuando una empresa despide a una de sus personas empleadas, y si posteriormente tiene lugar un juicio entre ambas partes, un juez dicta sentencia y califica ese despido como nulo, procedente o improcedente.

En este último caso, se considera improcedente "cuando no quede acreditado el incumplimiento que se alega para el despido o cuando no se hubieren cumplido las exigencias formales establecidas" (despido disciplinario), o "cuando no se acredite la causa" (despido objetivo), recuerda el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

¿Cuánto tiempo tiene la empresa para pagar la indemnización por despido improcedente?

Este tipo de extinción de contrato de trabajo puede tener dos consecuencias: la empresa deberá elegir entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación (la suma de los sueldos dejados de cobrar desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia), o el pago de una indemnización, que será de 33 días de sueldo, por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de 24 mensualidades.

Como excepción, para los contratos formalizados antes del 12 de febrero de 2012, esta indemnización será de 45 días por año trabajado durante el tiempo anterior a esta fecha.

En cualquiera de los dos casos, el empresario tiene el mismo tiempo límite para elegir: el plazo tanto para pagar la indemnización por despido improcedente como para readmitir al trabajador es de cinco días desde la notificación de la sentencia.

Si en ese plazo la empresa no ejecuta ninguna opción, se entenderá por defecto que opta por la readmisión.

¿Qué hacer si no te pagan la indemnización por despido?

Sin embargo, ¿qué pasa si la empresa aún no te ha pagado la cantidad que te debe? ¿Cómo se puede reclamar el abono de la indemnización por despido improcedente?

"Si el empresario ha optado expresamente por el abono de la indemnización y transcurren los 5 días sin que el trabajador la haya recibido, este podrá iniciar un procedimiento de reclamación de cantidad laboral", explican desde Civic Abogados.

Para ello, se cuenta con el plazo de un año desde el día en que se debió haber pagado la cantidad adeudada y hay que presentar una papeleta de conciliación ante el órgano competente de la comunidad autónoma para intentar llegar a un acuerdo.

En caso de no lograr el objetivo, hay dos vías judiciales para reclamar el pago de la indemnización (incluido un impago parcial): el proceso monitorio y el proceso ordinario, señala el despacho.

Para el primer procedimiento, la ley requiere que las cantidades estén vencidas, que sean exigibles y que su importe haya sido determinado con anterioridad. 

"Por tanto, en la práctica totalidad de los casos de impago de la indemnización por despido improcedente, se estará en disposición de tramitar un proceso monitorio", apuntan los abogados.

A estas condiciones se añaden otros tres requisitos:

• La empresa no debe estar en concurso de acreedores.
• La cantidad reclamada no puede superar los 6.000 euros.
• El procedimiento no habrá sido puesto en marcha por parte de representantes de los trabajadores en el contexto de un despido de carácter colectivo.

Una vez presentados los documentos (incluida la resolución o la carta de despido) y admitida a trámite la demanda, el juez dará a la empresa un plazo de diez días para pagar la indemnización. 

"Cuando el empresario deje transcurrir el plazo de 10 días sin llevar a cabo ninguna actuación, el proceso monitorio se dará por finalizado y el demandante podrá, si lo desea, solicitar el despacho de ejecución", continúan desde Civic Abogados. Ahí figurarán los bienes del empleador y se verá si son suficientes para cubrir el importe reclamado mediante su embargo.

Si no se cumplen los requisitos para un procedimiento monitorio o si, en este, la compañía se niega a abonar lo adeudado, la persona trabajadora podrá reclamarla a través de un procedimiento ordinario.

"Su resolución requerirá de un período de tiempo mayor que el proceso monitorio, y habrá de ajustarse a las especificidades recogidas por el artículo 80 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción social", añaden.