Consumo investiga a las plataformas de alquiler vacacional por anunciar pisos turísticos sin licencia

Los expertos pronosticaban a comienzos de año que 2024 traería cambios en el control de la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT); y no se equivocaban.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 acaba de abrir una investigación a estas plataformas, ya que considera que podrían estar incurriendo en prácticas desleales sancionables en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, según información a la que ha tenido acceso El País.

El departamento de Pablo Bustinduy quiere que las plataformas de alquiler vacacional investigadas (las cuales no ha mencionado específicamente, aunque la más conocida en el sector es Airbnb) envíen a su organismo información sobre la oferta que comercializan en algunas ciudades en las que se están anunciando pisos sin licencia.

Esta información incluiría la identificación de los arrendadores de los pisos turísticos que se anuncian en sus portales, así como si los propietarios disponen de las licencias pertinentes, unos permisos que varían entre comunidades autónomas e incluso ayuntamientos.

Dado que la situación es crítica y las consecuencias sobre la vivienda y la ciudadanía van cada vez a peor, el Gobierno ha optado por estudiar posibles infracciones basándose en la lesión de derechos de los consumidores como vía para atajar esta proliferación de pisos turísticos, según informa El País, cuyas fuentes apuntan al artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Dicha normativa recoge "la obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección" como uno de los puntos de conflicto, con sanciones que pueden llegar hasta los 100.000 euros.

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Desde que en 2008 naciera Airbnb, la plataforma de alquiler vacacional no ha dejado de crecer: ya tiene presencia en más de 100.000 ciudades de más de 200 países diferentes, con un total de más de 7 millones de anuncios. Pero no es la única: cada vez son más las compañías que se han ido sumando en estos años al boom del alquiler turístico.

La proliferación de VUT está "encareciendo la vivienda, transformando el comercio de proximidad, deteriorando la convivencia de las comunidades de vecinos y, promoviendo la expulsión de sus residentes", según los datos y encuestas que la patronal Exceltur recogía en su estudio ReviTUR.

En una entrevista a finales de 2023 para Business Insider España, José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, afirmaba que España se había encontrado durante su presidencia en el Consejo de la Unión Europea (entre julio y diciembre de 2023) con la objeción de algunos países del norte de Europa que no querían imponer ningún tipo de obligaciones de revisión previa a las plataformas, y solamente algunos de los países del sur abogaban por ello. 

"Las plataformas han conseguido solamente verse obligadas a hacer comprobaciones aleatorias de que las VUT que anuncian cumplen con la legalidad. Y ya conocemos la extraordinaria opacidad, la falta de colaboración total que han venido mostrando las plataformas en estos últimos años, a facilitar información alguna", apuntaba Zoreda.

Sin embargo, Zoreda no consideraba que el problema sea una mejor legislación, sino cómo asegurar que se cumpla la misma: "No existe capacidad inspectora suficiente en ningún punto de España para poder controlar que esta legislación se cumpla, salvo con la colaboración activas de las plataformas. Si lo hicieran, se habría terminado el 80% del problema y del crecimiento ilegal".