La CNMC multa a la SGAE con 6,5 millones de euros por posición dominante y "falsear" la competencia

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con una multa de 6,5 millones de euros por abuso de posición dominante y por "falsear" la competencia. Además, se ha impuesto a la SGAE una prohibición de contratar con la Administración Pública debido a estas prácticas anticompetitivas. 

Este fallo surge a raíz de un expediente abierto tras las denuncias de diversas entidades de derechos de autor, destacando el caso de la entidad Unison.

Los precedentes

La CNMC inició el expediente sancionador contra la SGAE tras recibir denuncias de varias entidades de derechos de autor. Estas denuncias alegaban que la SGAE estaba abusando de su posición dominante a través de sus tarifas 'planas' y su licenciamiento en el mercado de televisión y radio, presentando su repertorio con carácter universal. 

A principios de 2022, a raíz de una nueva denuncia de Unison, la CNMC decidió abrir un segundo expediente sancionador, cuya resolución se hizo pública el 19 de junio de 2024.

En su resolución, la CNMC constató que la SGAE había falseado la competencia al impedir o dificultar la entrada de nuevos operadores en el mercado de licenciamiento a entidades de radiodifusión. 

Este comportamiento constituyó dos infracciones muy graves por abuso de posición dominante en los mercados de licenciamiento de obras musicales para servicios de comunicación audiovisual, radiofónico y televisivo.

Situación anticompetitiva

La CNMC ha señalado que el diseño y aplicación de las tarifas planas de la SGAE tienen una naturaleza anticompetitiva. Estas tarifas dificultan la entrada de nuevos operadores y distorsionan el mercado. Además, la SGAE presentó su repertorio a los usuarios como universal, asegurando la indemnidad de estos frente a reclamaciones de terceros.

La sanción impuesta a la SGAE consiste en una multa de 6,5 millones de euros, además de la obligación de cesar inmediatamente en las conductas infractoras. Adicionalmente, la CNMC ha decidido aplicar a la SGAE la prohibición de contratar con la Administración Pública, con una duración que será determinada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

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Las reacciones y la defensa de la SGAE

En respuesta a la sanción, la SGAE ha declarado a través de Europa Press que considera "claramente erróneas" las conclusiones de la CNMC y ha anunciado que interpondrá un recurso ante la Audiencia Nacional. La entidad argumenta que la Audiencia Nacional ya anuló una resolución previa de la CNMC en diciembre de 2023, al no haberse acreditado que la SGAE ostentase una posición de dominio.

La SGAE defiende su oferta de una tarifa por disponibilidad como una obligación establecida en la Ley de Propiedad Intelectual, aplicable a todas las entidades de gestión. Según la SGAE, estas tarifas son comunes en muchos sectores y tienden a favorecer, abaratar y simplificar el uso de productos y servicios por parte de los usuarios.

En cuanto a la acusación de presentar su repertorio como universal, la SGAE ha explicado que mantiene actualizada una base de datos de las obras que integran su repertorio, accesible a todos los operadores. Esto permite a los usuarios conocer perfectamente qué obras forman parte del repertorio de la SGAE y cuáles no.

Qué impacto puede tener en el mercado

La sanción de la CNMC a la SGAE marca un precedente importante en la regulación del mercado de licenciamiento de obras musicales en España. Esta resolución podría facilitar la entrada de nuevos operadores y fomentar una mayor competencia en el sector, beneficiando a los consumidores y a las entidades de radiodifusión.

La SGAE deberá realizar ajustes significativos en sus prácticas comerciales para cumplir con la resolución de la CNMC. Esto incluye la revisión de sus tarifas y la forma en que presenta su repertorio a los usuarios.