Qué se sabe y qué no del prometido "plan de regeneración democrática" de Pedro Sánchez
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- En cuestión de días se despejarán varias incógnitas sobre el prometido "plan de regeneración democrática" de Sánchez.
- El presidente del Gobierno sopesó en abril dimitir: este plan sería la primera concreción de esa historia que acabó resolviendo quedándose.
Pedro Sánchez estuvo cinco días en abril sin agenda, sopesando dejar el Gobierno. Decidió continuar y puso el acento en la "galaxia digital de la ultraderecha" que está, a su entender, intoxicando el debate público. Tres meses después, el presidente se dispone a presentar un plan "de regeneración democrática" con el que combatir lo que se ha dado a conocer como "fachosfera".
Lo hará en unos días, el próximo 17 de julio, aprovechando una sesión en el Congreso de los Diputados. Ya lo deslizó en su discurso y en las primeras entrevistas que concedió al término de sus días de reflexión: "Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político (...) habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia".
Poco se ha avanzado de ese "plan de regeneración democrática" que Sánchez viene prometiendo desde entonces. Su famosa "carta a la ciudadanía" con la que anunció que se retiraba de la primera línea política temporalmente para reflexionar se conoció el 24 de abril, tres días después de que se celebraran las elecciones en el País Vasco con buenos resultados para los socialistas.
En mayo llegaron las elecciones catalanas y ya en junio fueron las europeas, en las que se confirmó el ascenso de la derecha radical en la Unión. Terminado el ciclo electoral, Sánchez prometió en la Cámara Baja presentar su "paquete de calidad democrática" antes de que acabe el verano. Lo hizo en una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado de ERC Gabriel Rufián.
El mismo día Sánchez aclaró en una entrevista en La 1 que el PP debería acceder a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, si no quería "una respuesta" del Ejecutivo antes de que acabara el mes de junio con la que se pondría fin a los más de cinco años de bloqueo en los que estuvo sumida la institución.
Finalmente el acuerdo para renovar el CGPJ llegó en cuestión de semanas, a finales de junio. Pero Sánchez sigue adelante con sus planes de regeneración democrática. A principios de julio Sánchez confirmó en una entrevista con la Cadena Ser que el 17, la semana que viene, sería la fecha elegida para dar a conocer algunas concreciones de esta iniciativa.
Qué se sabe hasta ahora del plan de regeneración democrática de Sánchez
Poco. Lo único que se sabe es que buena parte del plan se centrará en la desinformación y en la financiación de los medios de comunicación, después de que Sánchez hablara estos meses de "una constelación de cabeceras ultraconservadoras" que asoció a la maquinaria del fango.
El plan llegará después de que los propios socios de Gobierno de Sánchez empezaran a presionarle con que lo presentara y lo pusiese en marcha lo antes posible. En un principio se iban a incorporar medidas relacionadas con la reforma del CGPJ, pero no será necesario al albur del desbloqueo pactado con el PP.
Los socios, por ejemplo, han deslizado estos meses la necesidad de reformar la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la ley de transparencia o la ley de secretos oficiales, así como vienen exigiendo la derogación de la ley mordaza. No ha habido concreciones sobre esto último, que ha formado parte de promesas y programas electorales desde hace años.
Por ahora, se sabe que ese paquete de regeneración democrática supondrá, como poco, la reforma de la ley de la publicidad institucional. En palabras de Sánchez, "tiene ya casi 20 años y no incorpora el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación".
Así lo recordó en la Ser a principios de julio. Pero ya en junio el propio Sánchez había abierto la puerta a la reforma de la ley de transparencia para incorporar mecanismos sancionadores en caso de que algunas administraciones, como las comunidades autónomas, siguieran incumpliendo los preceptos de rendición de cuentas a los ciudadanos.
El jefe del Ejecutivo también ha llegado a abordar públicamente la urgencia de democratizar el Poder Judicial, y es cierto que los acuerdos entre PSOE y Sumar para conformar el Gobierno de coalición vigente planteaba becas para quienes deseen prepararse el acceso al empleo en el mismo.
En los últimos días la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ha tenido que acudir a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla para que finalmente su declaración se aplazara al 19 de julio, solo dos días después de que el propio presidente del Gobierno presente su plan de regeneración democrática.
Los cinco días de reflexión de Sánchez llegaron después de que un juez abriese vista oral para investigar si Gómez ha incurrido en delitos de corrupción y tráfico de influencias por supuestas adjudicaciones públicas con empresas relacionadas con su actividad profesional. Dos informes de la Guardia Civil en esta causa ya han descartado irregularidades.
Preparación ante el nuevo reglamento de libertad de medios
En realidad, algunas de las reformas legales que Sánchez va a proponer en el Congreso de los Diputados son adaptaciones a una regulación europea de reciente aprobación. Se trata del reglamento de libertad de medios de comunicación. Al tratarse de un reglamento y no de una directiva, no demanda transposición, pero sí la adaptación legal de algunos textos.
Este es un reglamento que ya está en vigor, pero que no comenzará a aplicarse de forma generalizada en los Estados miembros hasta el año que viene. Establece una serie de directrices tanto a las empresas propietarias de medios de comunicación como a las Administraciones Públicas que reparten publicidad institucional.
La norma tiene su origen en un momento en el que Polonia está gobernada por la derecha radical y en el seno de los Veintisiete crece la preocupación por cómo se están retrocediendo en algunos derechos sobre la libertad de oficio de los periodistas en toda la Unión Europea. En Polonia vuelve a gobernar el PP europeo a través de Donald Tusk, pero la regulación ha prosperado igual.
Esta ley europea contempla por ejemplo la necesidad de que los medios indiquen quién es su propietario, es decir, desgranar los accionistas de una gran cabecera para conocer cuáles podrían ser los intereses de los mismos a la hora de influir en la línea editorial de un periódico, una emisora o una televisión.
Además, los mismos medios tendrán que detallar cuánta publicidad institucional reciben por parte de las Administraciones del país en el que opera, así como los ingresos provenientes de terceros países.
El reparto de publicidad institucional es un instrumento con el que algunas Administraciones premian o castigan a los medios de comunicación.
Hay ejemplos en varios rincones del país. Una publicación local de Málaga, la revista El Observador, logró una sentencia favorable contra el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga al considerarse discriminada en el reparto de publicidad. El Supremo rechazó el año pasado el recurso de la Diputación.
También en mayo del año pasado varios medios como El Salto, La Marea, infoLibre, Ctxt o Carne Cruda denunciaron la falta de pluralidad en el reparto de publicidad institucional por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, sin que por el momento se conozca ningún tipo de acción legal por su parte.
El objetivo del reglamento es también contribuir a aliviar la concentración de varios medios de comunicación en oligopolios. La norma también presenta exigencias a las televisiones y emisoras públicas, como independencia editorial y funcional, lo que implicará que las entradas y salidas de directivos en estos entes atenderán a criterios más transparentes.
Faltará conocer cómo Sánchez articula todos estos preceptos en las prometidas reformas. La UE apunta también a la creación de un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación que sirva como regulador de la situación en el sector. Pasarán meses hasta que se sepa si los cambios de Sánchez cuentan con el plácet de las instituciones comunitarias o no.
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