Todo lo que propone el Banco de España para la recuperación tras la pandemia: aumentar la recaudación de impuestos, fomentar el alquiler de vivienda o compaginar los ERTE con otro empleo

El coronavirus ha aumentado la gravedad de los problemas que ya tenía la economía española y "ha dado lugar también a nuevos retos, cuya magnitud e implicaciones se presentan aún muy inciertas". Ese es el principal enunciado del diagnóstico que ha presentado este martes el Banco de España sobre el impacto económico del coronavirus, las medidas adoptadas en España, la UE y el resto del mundo para contenerlo y las perspectivas de futuro.

El Informe Anual 2019 del banco central advierte de que la gravedad de la crisis que está provocando la pandemia podría generar "daños persistentes" en la economía española, de la que destaca su "modesto" crecimiento potencial por el "bajo" avance de la productividad. Además, el documento señala que las mujeres y los jóvenes menores de 35 años son los colectivos de trabajadores más afectados por la actual crisis.

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El estudio del Banco de España incluye además las previsiones para la economía española que la institución presentó a inicios de junio, que pasan por un desplome del PIB de entre el 9% y el 15,1% en 2020, un alza de la deuda hasta el 118% y el 120% del PIB y un incremento del desempleo hasta situar la tasa de paro a finales de este año entre el 18,1%, en el escenario más optimista, y del 23,6%, en el peor de los casos.

Ante estas perspectivas, el informe lanza una serie de propuestas, que incluyen tanto a las medidas que se han ido tomando para paliar el impacto de la pandemia en empresas y trabajadores como iniciativas que responden a los retos a los que ya se enfrentaba la economía española antes de la crisis del coronavirus, como el envejecimiento, la desigualdad, la sostenibilidad de las pensiones o el acceso a la vivienda.

Reforzar las medidas contra el impacto del coronavirus

Entre el primer grupo, el Banco de España presta especial atención a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), defendiendo que "en algunos casos y bajo determinadas condiciones, permitiese compaginar esa situación con la posibilidad trabajar en otros sectores o empresas" con el fin de "no retrasar esta posible reasignación de trabajadores en el mercado laboral" y facilitar la movilidad de quienes hayan perdido su empleo en sectores como turismo o comercio.

No obstante, el documento señala que "el porcentaje de los trabajadores afectados por un ERTE que acabará recuperando su empleo dependerá, entre otros aspectos, de la capacidad de crecimiento de cada sector y cada empresa", por lo que pronostica que la recuperación en la industria será más "vigorosa" que en los sectores que más han recurrido a los ERTE, como "el comercio minorista, el ocio, la restauración o el turismo".

Así, el Banco de España señala que "algunos ERTE pueden retrasar, más que evitar, el proceso de destrucción de empleo en ciertos casos en los que la reestructuración es inevitable" y aclara que, aunque las experiencias previas no son del todo aplicables a esta crisis, las medidas como los ERTE tienen "una capacidad relativamente limitada para proteger el empleo en el medio plazo en caso de que se produzcan cambios estructurales en las dinámicas de actividad".

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El informe respalda la extensión de los ERTE hasta finales del mes de septiembre, pero aclara que "parece apropiado mantener también algunos de los instrumentos de apoyo a las rentas de los hogares más vulnerables, si bien es fundamental que se mantenga su carácter focalizado, con un diseño que no distorsione las decisiones, por ejemplo, de participación laboral", en referencia a la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

Sobre esta medida, el documento asegura que "puede constituir una herramienta útil para reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con dificultades estructurales especiales", aunque destaca que "no suple el papel de otras herramientas" para combatir la desigualdad y pide vigilar posibles "efectos indeseados", como mermar la capacidad de generar ingresos de sus beneficiarios o desplazarles a sectores informales.

Respecto al tejido empresarial, el Banco de España señala que el número de empresas dadas de alta en la Seguridad Social "se ha reducido muy sensiblemente desde el inicio de la crisis", con 108.000 empresas menos entre el cierre de febrero y el de mayo. Sin embargo, afirma que "el programa de avales del Estado estaría contribuyendo notablemente a cubrir las necesidades de liquidez de las empresas más afectadas por la pandemia y con mayores dificultades de acceso al crédito".

El informe destaca que "el dilatado plazo de vencimiento medio de los préstamos concedidos a través del programa del ICO (superior a 4 años) permitirá elevar la vida media de la deuda de las empresas, lo que mitigará los posibles riesgos de refinanciación a corto plazo". No obstante, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, especula con la posibilidad de aumentar su dotación "si persiste la incertidumbre".

"Las empresas de menor tamaño y las que se han visto más afectadas por la crisis podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación, especialmente en ausencia de instrumentos de apoyo público", aclara Hernández de Cos en la introducción del informe. Por ello, pide estudiar "extender los mecanismos de garantía pública ya dispuestos, en cuyo rediseño debe primar el acceso a estos recursos por parte de las empresas con perspectivas sólidas de viabilidad", al tiempo que pide revisar los procesos de reestructuración e insolvencia para las que no lo sean.

Medidas estructurales para la recuperación

Más allá de sus propuestas sobre las medidas de estímulo aprobadas durante la pandemia, el Banco de España también se centra en cómo afrontar los problemas estructurales de la economía estatal para fomentar una recuperación más profunda. Así, en terreno laboral, la institución reitera su mensaje contra la dualidad y rigidez del mercado laboral y su apuesta a favor de la mochila austríaca para abaratar el despido.

Esos factores en el mercado laboral tienen su repercusión en la desigualdad de las rentas, a la que el informe dedica bastante atención, señalando que la crisis del coronavirus puede provocar "un aumento excesivo de la desigualdad" que, a su vez, "supone un lastre para el crecimiento económico y su sostenibilidad", destacando que el impacto de la pandemia en el empleo se ha centrado en los asalariados temporales, que asegura que son el 92% de los que han perdido su empleo por el coronavirus.

La desigualdad también repercute en el acceso a la vivienda, que el Banco de España atestigua que ha endurecido sus condiciones "tanto en el
caso de la vivienda en propiedad como, en particular, en el de la vivienda en alquiler" que afecta especialmente a los jóvenes. Por ello, el documento afirma que "se debe dar prioridad a aquellas políticas públicas dirigidas a favorecer un incremento sostenido de la oferta de vivienda de alquiler".

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Por otra parte, el documento destaca el efecto del envejecimiento en el mercado laboral, la dependencia y las pensiones, señalando que "en los próximos 25 años, España será el país de la UE que sufrirá el mayor incremento en la tasa de dependencia, es decir, la ratio entre la población mayor de 65 años y la población de entre 15 y 64 años", que atribuye al aumento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de fecundidad.

El banco central alerta de que el envejecimiento de la población puede deteriorar la empleabilidad de los trabajadores a medida que envejecen, por lo que considera "fundamental reforzar el papel de las políticas activas de empleo y de la formación continua e introducir algunos cambios en las condiciones laborales".

Además, el informe del Banco de España destaca que "la presión demográfica plantea la necesidad de introducir medidas adicionales para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones", por lo que critica que ya no cuenta con el factor de ajuste que suponía el factor de sostenibilidad al revalorizar las prestaciones de acuerdo a la inflación.

Por ello, el texto propone "reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel de suficiencia para aquellos hogares con recursos más limitados". Además, destaca el peso en las arcas públicas que supone el sistema de pensiones y apuesta por analizar sus "notables implicaciones en el ámbito de la política fiscal".

De hecho, la política fiscal es también uno de los principales temas que analiza el informe del Banco de España, en el que asegura que "existe margen para redefinir la cesta de impuestos, con objeto de que favorezca en mayor medida el crecimiento económico", al constatar que la recaudación impositiva en España es inferior a la del promedio de la eurozona, debido a la menor recaudación del IVA, el impuesto sobre sociedades y los impuestos especiales.

Además, pese a que reconoce que "las cotizaciones sociales que recaen sobre los empleadores en España son superiores al promedio europeo", destaca que el principal "elemento distintivo de la fiscalidad española" que considera necesario reconsiderar el "elevado nivel de beneficios fiscales", que critica que "generan con frecuencia pérdidas importantes de recaudación y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo".

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