El plan de regeneración de Sánchez: pocas sorpresas y un conjunto de medidas que en su mayoría ya habían sido anunciadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

REUTERS/Violeta Santos Moura

Foto del redactor Alberto R. AguiarFoto del redactor Alberto R. Aguiar
  • Los primeros detalles del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno de Sánchez no traen grandes sorpresas y decepciona entre sus socios.
  • Mucho de lo avanzado son reformas y propuestas que ya se conocían o que habían quedado en el tintero.

Sánchez se retiró cinco días en abril para meditar si continuar al frente del Gobierno. Un juez de instrucción había empezado a investigar a su esposa, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de un pseudosindicato ultraderechista que se limitó a juntar en una hoja varios enlaces a noticias difundidas en medios de comunicación.

El presidente del Gobierno anunció que sopesaría si seguir en el Ejecutivo en una carta a la ciudadanía que difundió a través de redes sociales. Finalmente, en una comparecencia ante la prensa, Sánchez confirmó que seguiría en el Gobierno y se comprometía a desarrollar un plan de regeneración democrática.

Tres meses después Pedro Sánchez ya ha dado las primeras pinceladas de en qué consistirá ese Plan de Acción por la Democracia, el nombre formal que La Moncloa le ha dado a esta iniciativa. Es un conjunto de iniciativas y reformas legales que no se ha desgranado al completo. Esas pinceladas las dio el presidente este miércoles en una sesión extraordinaria en el Congreso.

Lo hizo con un largo discurso de más de una hora y cuarto de duración. El presidente se ha escudado en un reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación, que ha sido recientemente aprobado y comenzará a aplicarse en menos de un año. De hecho, Sánchez llegó a citar textualmente algunos artículos de esa norma comunitaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión parlamentaria a finales de mayo de 2024.

Por eso, poco de lo que avanzó Sánchez este miércoles pillaba por sorpresa. Por esa razón y por otro motivo que también se aclaró este miércoles: mucho de lo que el Gobierno espera sacar adelante de este Plan de Acción por la Democracia tendrá que ser consensuado con otros grupos parlamentarios.

El presidente del Gobierno se mostró dispuesto a negociar con todos los grupos de la Cámara, a excepción de la extrema derecha. Sánchez invocó así un cordón sanitario a Vox incidiendo en que es el mismo cordón sanitario que los populares, liberales y socialdemócratas en el Parlamento Europeo han desplegado sobre los nuevos grupos políticos de la derecha radical.

Vox formaba parte hasta ahora del grupo ECR, Conservadores y Reformistas Europeos, un conglomerado de partidos liderado por los Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni. Pero en la nueva legislatura europea Vox forma parte del grupo de los Patriotas de Europa, liderado por la Agrupación Nacional de Marine le Pen o el partido del húngaro Viktor Orbán.

Por esa razón, los Patriotas de Europa no han accedido a puestos de poder en la Mesa de la Eurocámara: fuentes comunitarias avanzaron estos días a diversos medios que no querían darle ningún rol en el Parlamento Europeo a la derecha radical o a "los amigos de Putin".

Los argumentos para desarrollar un nuevo Plan de Acción Democrática

Sánchez utilizó su discurso para hacer un diagnóstico de la situación de la democracia española aprovechando también los temas tratados en las últimas reuniones del Consejo Europeo, en las que se acordó el reparto de puestos institucionales para el nuevo mandato de la Unión Europea y se aprobó la nueva Agenda Estratégica de la UE de aquí a 2029.

Sánchez reivindicó que las democracias estaban siendo amenazadas en todo el mundo y que algunos países del entorno de España ya estaban tomando medidas. También a nivel comunitario, como es el caso del reglamento de libertad de medios de comunicación. 

Esta norma europea nació precisamente por los problemas que se estaban dando en Polonia con persecuciones a periodistas hasta que el popular Donald Tusk regresó al poder allí.

Sánchez reivindicó en el Congreso este miércoles que el reglamento había sido aprobado en la Eurocámara con el respaldo mayoritario de todos los grupos políticos, salvo los grupos de la derecha radical. Por eso mismo animó también al PP español a consensuar algunas medidas de este pacto de regeneración democrática.

Sin embargo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cargó con dureza a los anuncios que había hecho Sánchez. Hizo especial hincapié en que el reglamento europeo, precisamente por ser un reglamento, no necesitaba ser transpuesto, sino que bastaba con cumplirlo. 

No es necesario desarrollar nuevos proyectos legales, si bien es cierto que en España en alguna ocasión se ha aprovechado la entrada en aplicación de un nuevo reglamento para aprobar una ley que recoja su espíritu. Es el caso del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la ley orgánica de protección de datos de 2018.

Reforma de la ley de publicidad institucional, de la ley electoral y ayudas ya prometidas

Todavía no está claro qué reformas legales o qué iniciativas legislativas llevará a cabo el Gobierno para ejecutar este nuevo Plan de Acción por la Democracia. Sánchez solo esbozó algunas ideas en su discurso de este miércoles en la Cámara Baja.

Avanzó una reforma de la ley de publicidad institucional para, como había explicado en anteriores ocasiones, adaptarla a la realidad digital. Es una norma que tiene ya unos veinte años.

Por otro lado, abordó el aterrizaje del nuevo reglamento europeo de libertad de medios de comunicación para que las empresas mediáticas privadas informen de su accionariado y sean más transparentes con la publicidad institucional. En síntesis, que no haya medios privados "con más financiadores públicos que lectores".

También se ha planteado una nueva estrategia nacional de Gobierno abierto, para garantizar que el Ejecutivo comparta más y mejores datos sobre su acción política, lo que implicaría también conocer el reparto de inversiones publicitarias en medios privados. Es de esperar que esto implique iniciativas legislativas de obligado cumplimiento por las comunidades autónomas y entidades locales.

Además de la reforma de la ley de publicidad institucional, Sánchez también avanzó una reforma de la ley electoral. La norma lleva sujeta a debate años: tanto por la prohibición de difundir encuestas electorales a días de unas elecciones como por la edad del voto. La reforma, sin embargo, irá más enfocada a candidatos y a empresas demoscópicas:

El Gobierno quiere que los candidatos se vean obligados a acudir a debates electorales por ley y que las empresas demoscópicas compartan los microdatos y sus metodologías cada vez que publiquen un sondeo.

Hasta aquí, pocas novedades. Ni siquiera en el paquete de ayudas de 100 millones de euros para ayudar a digitalizar medios, que ya prometió la entonces vicepresidenta Nadia Calviño hace un año.

Lo mismo sucede con un cambio en las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia. Sánchez prometió que dotaría de más recursos a la CNMC para poder regular la concentración de poder en el sector de los medios de comunicación y de las plataformas digitales.

Lo cierto es que desde que entró en aplicación el Reglamento de Servicios Digitales, la CNMC es el organismo de control nacional que vela por su cumplimiento en España. Sin embargo, el ente español todavía no ha visto la reforma estatutaria necesaria para poder hacer cumplir esta otra ley europea.

La polémica en torno a la ley mordaza: reforma, en lugar de derogación, y no se sabe en qué términos

El PP gobernaba en 2015 cuando se introdujo la nueva ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como la ley mordaza. Desde entonces, tanto el PSOE como los partidos a su izquierda han venido prometiendo una derogación que nunca llega.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno por Sumar, avanzó este martes por la mañana la derogación de la ley mordaza. La ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, matizó esas declaraciones en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, abundando en que solo se retocaría la norma con delitos de injurias y calumnias y una reforma del Código Penal.

Díaz defendió este miércoles en el Congreso sus declaraciones originales: "Vamos a hacer exactamente lo que dice el acuerdo de Gobierno". El avance que hizo Díaz tensó a los socios de investidura. Gabriel Rufián, por ERC, lamentó en la Cámara Baja, en réplica al discurso de Sánchez, la falta de propuestas concretas.

"¿Qué ha venido a hacer hoy aquí después de tres meses y cinco días de reflexión? Pareciera una tomadura de pelo", lamentó el parlamentario republicano.

No está muy claro cómo y en qué términos se redactará la nueva versión de esta controvertida norma que introdujo delitos de injurias contra la corona. En la legislatura pasada ERC o EH Bildu retiraron sus votos a favor de una reforma del texto al entender que la propuesta que entonces hizo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos fue insuficiente.

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