El paso legal definitivo del Gobierno para limitar los pisos turísticos
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- La medida estrella será la enmienda a la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos decidan la legalidad o no del piso turístico.
- El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, podrá requerir la inmediata cesación de la actividad de alquiler turístico no autorizada.
- Se busca un marco jurídico protector, pero también que este control haga aumentar la oferta de alquiler normal y con ello controlar los precios.
El Gobierno quiere dar un paso definitivo en su esfuerzo por regular el creciente fenómeno del alquiler vacacional. Ha tomado una medida decisiva que cambiará la forma en que se gestionan las viviendas destinadas a alquiler turístico, a través de un cambio legal al que ha tenido acceso la Cadena SER. Se trata de una enmienda en la Ley de Propiedad Horizontal para otorgar a las comunidades de vecinos el poder de decidir sobre la autorización de estos alquileres.
Esta medida tiene como objetivo controlar el impacto del alquiler turístico o vacacional en la convivencia y la calidad de vida en los barrios y de paso, intentar aumentar la oferta de alquiler tradicional y con ello bajar los precios o al menos moderar o frenar la subida constante, aunque por ahora las medidas adoptadas no han tenido mucho éxito.
Qué hay detrás de la nueva legislación
El aumento del alquiler vacacional ha generado numerosas quejas y conflictos en las comunidades de vecinos, aparte de que esa oferta deja de estar en el alquiler normal y con ello hay un descenso de oferta y, por tanto, un aumento de los precios.
El modelo de negocio popularizado por plataformas como Airbnb ha llevado a un uso intensivo de viviendas para fines turísticos, causando molestias como el ruido y aumento del tráfico, la inseguridad y el deterioro de los servicios comunitarios, alterando la dinámica de los barrios.
La exposición de motivos de la nueva normativa subraya la necesidad de "impulsar medidas desde el Estado para combatir una grave situación de convivencia y molestias que vienen soportando muchas comunidades y barrios". La intención es clara: garantizar que el alquiler vacacional no afecte negativamente la vida de los residentes permanentes.
La autorización de la comunidad de vecinos
Uno de los puntos clave de la enmienda es que cualquier propietario que desee alquilar su vivienda con fines turísticos deberá obtener la aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Esta aprobación debe ser obtenida con una mayoría de tres quintos, lo que asegura un consenso amplio entre los vecinos. Este cambio legal busca equilibrar los derechos individuales con el bienestar colectivo.
Mecanismos de control y sanciones
Para quienes no cumplan con esta nueva normativa, la ley introduce un mecanismo de control riguroso. El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, podrá requerir la inmediata cesación de la actividad de alquiler turístico no autorizada, bajo el apercibimiento de iniciar acciones judiciales procedentes. Esto significa que cualquier vecino podrá llevar a los tribunales a aquellos que alquilen su vivienda sin el permiso adecuado.
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La consideración del alquiler vacacional como actividad económica
Además, la normativa reconoce el alquiler vacacional como una actividad económica, lo que implica que solo aquellos propietarios que se hayan acogido a la normativa sectorial turística podrán seguir ejerciendo esta actividad. Este reconocimiento introduce una serie de requisitos y regulaciones que los propietarios deberán cumplir, alineándose con la normativa turística vigente.
Qué implica la nueva legislación
Para los propietarios que ya participan en el mercado de alquiler vacacional, esta nueva ley representa un cambio sustancial, ya que obtener la aprobación de la comunidad de vecinos puede ser un desafío, especialmente en comunidades donde ya existen tensiones sobre el uso de las viviendas para fines turísticos. Esto podría llevar a una reducción en la oferta de alquiler vacacional, afectando tanto a los propietarios como a los turistas que buscan opciones de alojamiento alternativo.
Para los nuevos propietarios interesados en entrar en el mercado, la necesidad de obtener aprobación previa podría desincentivar la inversión en propiedades para alquiler vacacional. Sin embargo, aquellos que logren cumplir con los requisitos podrán operar en un entorno más regulado y con menos conflictos, lo que podría resultar en una mejor experiencia tanto para los propietarios como para los turistas.
Uno de los objetivos principales de esta legislación es mejorar la calidad de vida en las comunidades afectadas por el alquiler vacacional. Al otorgar más poder a los vecinos para controlar el uso de las viviendas, se espera reducir los conflictos y molestias causados por los turistas.
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