La parálisis legislativa en EEUU amenaza con desencadenar una guerra fiscal mundial

Las grandes tecnológicas llevan tiempo beneficiándose de una suerte de "limbo" fiscal.

Estas compañías, en su mayoría multinacionales con sede en Estados Unidos, se han amparado en diversos acuerdos internacionales que les han permitido pagar muchos menos impuestos de los que les corresponderían en el caso de que sus domicilios fiscales se encontrasen en los países en los que se encontraban operando en cada caso. 

No habría que irse muy lejos para encontrar un ejemplo de esta situación. 

Hace un mes se conocía la noticia de que, en España, Google ingresó 262 millones de euros en el año 2022. En cambio, solo habría tenido que pagar 17 millones de euros a través del Impuesto sobre Sociedades, en parte gracias a una estrategia fiscal que haría que la firma de Mountain View tenga que pagar mucho menos de lo que le correspondería en este país.

A pesar de que se trate solo de un ejemplo, algunas organizaciones europeas —como Spotify, Glovo o Just Eat— han denunciado que determinados gravámenes que solo afectan a las firmas con sede en territorio comunitario, como el impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD), socavan su capacidad competitiva para enfrentarse a gigantes como Amazon, Meta, Microsoft o la propia Google.

Sin embargo, la situación podría cambiar dentro de poco. Y es que, tal y como ha publicado el Financial Times, la parálisis legislativa que afronta EEUU podría desencadenar una guerra fiscal mundial en la que los países de la OCDE reaccionen de forma beligerante al fracaso de un acuerdo histórico que revisa la fiscalidad de las grandes multinacionales.

Según ha informado el medio de comunicación británico, que ha tenido acceso a diversas fuentes que están participando en las negociaciones del posible acuerdo (bautizado como reformas del "primer pilar"), el próximo 30 de junio se acaba un plazo autoimpuesto en el que más de 140 países deberían ponerse de acuerdo con respecto a la forma de gravar a las empresas digitales.

De ese modo, se iniciaría el dilatado proceso de firma y ratificación del acuerdo, que redistribuiría unos 200.000 millones de dólares de beneficios anuales —unos 186.400 millones de euros al tipo de cambio actual— que se gravarían en los países en los que operan este tipo de compañías.

Aun así, varios países, entre ellos Canadá, han roto filas para empezar a introducir impuestos unilaterales contra las grandes tecnológicas, tal y como ha recogido el Financial Times, una situación que el acuerdo global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pretendía evitar.

La principal preocupación que sugieren varios diplomáticos y analistas al medio británico es que el paquete final de reformas respaldado por la OCDE, acordado por primera vez en 2021, nazca muerto. Esto podría darse porque el acuerdo global requiere la ratificación de EEUU para entrar en vigor, un reto casi imposible teniendo en cuenta la situación que se vive en Washington.

Al parecer, el tratado fiscal requeriría de una mayoría de dos tercios en el Senado estadounidense para ser aprobado, pero los republicanos se oponen vehementemente. "Si Estados Unidos no lo ratifica, sería una especie de victoria pírrica", ha declarado Alan McLean, presidente de negocios del comité fiscal de la OCDE. "Tendríamos algo, pero no entraría en vigor".

Queda por ver lo que ocurrirá este miércoles, fecha en la que, según ha podido saber el Financial Times a través de una serie de documentos confidenciales, la OCDE se dispondría a distribuir el texto del tratado listo para su firma.

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