La Fiscalía acusa a Glovo de un delito contra los derechos de los trabajadores
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Glovo
- La Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado una denuncia penal contra Oscar Pierre, CEO y cofundador de Glovo, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
- La empresa ha estado contratando a sus repartidores como autónomos cuando, en realidad, deberían ser considerados empleados por cuenta ajena, y ha ignorado la ley rider, según sostiene el Ministerio Público.
El modelo laboral de la empresa de reparto Glovo, basado en la contratación de autónomos, ha sido objeto de numerosas críticas y polémicas en los últimos años. Ahora, se ha cristalizado en la denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona presentada contra Óscar Pierre, consejero delegado y cofundador de Glovo, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
El Ministerio Público acusa a Pierre de "menoscabar y suprimir" los derechos de los trabajadores, lo que puede acarrear pena de prisión de seis meses a seis años, según la denuncia a la que ha tenido acceso el diario El País.
El polémico modelo laboral de Glovo
La denuncia presentada por la Fiscalía es clara y contundente. Se acusa a Glovo de utilizar un modelo laboral que “constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena”. En otras palabras, la empresa habría estado contratando a sus repartidores como autónomos cuando, en realidad, deberían ser considerados empleados por cuenta ajena.
El Artículo 311 del Código Penal, que fue actualizado el 12 de enero de 2023, castiga con penas de prisión de seis meses a seis años y multas de seis a doce meses a quienes impongan condiciones laborales ilegales a sus trabajadores.
Este cambio legislativo se introdujo precisamente para combatir prácticas como las de Glovo, que según la postura de la Fiscalía de Barcelona eluden la legislación laboral mediante la contratación de falsos autónomos.
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La respuesta de Glovo a la legislación
A pesar de las numerosas sanciones impuestas y las sentencias judiciales en contra, Glovo ha persistido en su modelo de negocio. La ley rider, aprobada en 2021, tenía como objetivo proteger a los repartidores y asegurar que estuvieran cubiertos por contratos de trabajo.
La denuncia de la Fiscalía recoge varias sentencias dictadas en los últimos años en las que se concluye que existe relación laboral entre Glovo y sus repartidores. "A pesar de todo lo anterior, Glovo continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores", concluye la denuncia
Evidencias y denuncias contra Glovo
La denuncia contra Glovo se basa en un detallado informe elaborado por el departamento dirigido por Yolanda Díaz, que documenta cientos de casos de trabajadores que deberían ser considerados empleados por cuenta ajena, pero que Glovo trata como autónomos. La Fiscalía General del Estado recibió este informe en octubre de 2023 y, tras su revisión, lo remitió a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
El informe incluye resoluciones de varios juzgados provinciales de lo social que han declarado la relación laboral de los repartidores con Glovo. Estas sentencias, junto con la resolución del Tribunal Supremo de 2020, establecen de manera “indiscutible” que los repartidores son empleados por cuenta ajena.
Entre las sentencias judiciales relevantes destacan:
- En 2020, una sentencia en Santander declaró la relación laboral de 85 trabajadores de Glovo.
- En 2021, una sentencia en Bilbao reconoció la relación laboral de 438 empleados.
- Sentencias similares en Valladolid, Zaragoza y Oviedo también confirmaron la condición de empleados por cuenta ajena de los repartidores de Glovo.
Implicaciones económicas y legales
La persistencia de Glovo en su modelo de contratación ha llevado a la empresa a acumular una deuda significativa con la Seguridad Social. Hasta finales de mayo, Glovo debía unos 200 millones de euros en cuotas no abonadas y otros 50 millones en sanciones. Estos problemas legales ponen en riesgo la viabilidad de la compañía, según ha reconocido Delivery Hero, actual propietaria de Glovo.
Además, Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha ordenado el alta de oficio de 40.889 repartidores de Glovo desde 2014, lo que refleja la magnitud del problema. La cifra de repartidores activos actualmente se estima en unos 12.000, aunque el número real podría ser mayor debido a prácticas como el alquiler de cuentas a terceros.
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