Bruselas advertirá a los países que han usado Pegasus que la seguridad nacional no es un cheque en blanco para espiar
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- La Comisión prepara una comunicación de la que se ha filtrado ya un borrador: propone condiciones para usar los controvertidos spywares o programas espía.
- Es la primera respuesta que dará Bruselas a una investigación que cursó durante la legislatura pasada una comisión parlamentaria de la Eurocámara.
Los países de la Unión Europea no puede invocar el argumento de la seguridad nacional como si fuera un cheque en blanco para poder espiar o usar programas espías. Es lo que va a advertir la Comisión Europea a los Veintisiete, según un documento al que ha tenido acceso Politico.
Se trata de un borrador de comunicación oficial que enfatiza que aquellos países de la zona que utilicen herramientas de espionaje como el programa Pegasus no pueden ejercer su responsabilidad "de una manera que socave la eficacia de la legislación de la Unión Europea" en ámbitos como la protección de datos y la privacidad.
Este documento, que por ahora no es ni definitivo ni oficial, es la respuesta que el Ejecutivo comunitario da a una comisión parlamentaria de la Eurocámara que durante la pasada legislatura europea investigó los usos de programas espía o spywares entre los Veintisiete.
España es uno de esos países que, aparentemente, habría hecho uso de herramientas como Pegasus, un programa espía desarrollado por la firma israelí NSO Group con capacidad para inocularse en dispositivos tanto Android como iOS. De hecho, Meta, propietaria de WhatsApp, llegó a denunciar a esta empresa tras atribuirle un ciberataque masivo a la popular app de mensajería.
Trazas de Pegasus fueron encontradas en los dispositivos de al menos 65 ciudadanos, algunos de ellos representantes públicos, ligados al movimiento por la independencia de Cataluña. Rastros de esta misma herramienta también aparecieron en los dispositivos de ministros o del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que hizo que muchas miradas se dirigieran al Reino de Marruecos.
También en otros países de la Unión Europea ha habido polémica por el uso de herramientas de espionaje. En Grecia, por ejemplo, el Gobierno reconoció haber sometido a escuchas al líder de la oposición. En Polonia o en Hungría también se descubrieron casos de espionaje contra activistas y contra periodistas, recuerda Politico en su información.
Cuando el borrador pase a ser un documento definitivo será la primera vez que Bruselas se pronuncie sobre la polémica del espionaje. Sin embargo, la Comisión sí ve permisible el uso de este tipo de herramientas cuando "bajo las condiciones y garantías adecuadas" pueda usarse "por las autoridades" para "proteger importantes objetivos de interés público".
"Sin embargo, su uso indebido puede socavar o incluso destruir el correcto funcionamiento de los procesos democráticos bajo el manto de su defensa (...) los programas informáticos de vigilancia intrusiva suponen una grave injerencia de los derechos fundamentales y, en consecuencia, deben ser estrictamente controlados", continúa.
A pesar de todo, matiza, "el hecho de que la seguridad nacional esté en juego no implica que el derecho de la Unión Europea no se aplique".
Politico recuerda que EEUU ya ha lanzado órdenes ejecutivas para incluir en listas negras algunas compañías desarrolladoras de programas espías. La Comisión Europea no ha hecho lo propio todavía, a pesar de que el Parlamento Europeo le ha instado a ello. Esta comunicación a los Veintisiete sería un primer paso adoptado por Bruselas.
El borrador al que ha accedido este medio propone "salvaguardas y condiciones mínimas" para poder hacer uso de los spywares. Salvaguardas que deberán aplicarse "con independencia del propósito de la vigilancia".
Salvaguardas como que una autoridad judicial sea la responsable de aceptar que se produzcan estas escuchas con esta tecnología o que a posteriori, cuando se hayan esclarecido los hechos investigados que amenazaban a la seguridad nacional, se informe a los ciudadanos que han sido objeto de ese espionaje.
Bruselas también entiende que el uso de este tipo de herramientas deberá ceñirse a delitos graves como abusos sexuales a menores, asesinatos, blanqueo de dinero, tráfico de drogas o corrupción. Y en ese sentido, los gobiernos de los Veintisiete no podrán retorcer la idea de delito grave para tratar de sortear el derecho comunitario.
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